Prevenir las consecuencias de las inundaciones

La periodicidad y recurrencia de los fenómenos meteorológicos que producen graves inundaciones en una gran cantidad de áreas urbanas de nuestro territorio nos mueve a pensar en la imperiosa necesidad de afrontar el desafío de diseñar un proceso metodológico eficaz. El objetivo es prevenir las consecuencias negativas de estos fenómenos y programar la recuperación de las áreas urbanas perjudicadas, atendiendo prioritariamente a la población afectada.

A título de ejemplo, digamos que en junio de 2014 se registraron en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones unos 12.000 evacuados; la situación más seria fue la de Formosa, con 8.000 evacuados, que dio lugar a declarar “zona de emergencia” los bordes del río Paraguay desde el Pilcomayo hasta la desembocadura del Bermejo.

Más recientemente, en la provincia de Santa Fe tuvieron que ser evacuadas unas 1.100 personas provenientes de 17 municipios y comunas, debido a las extraordinarias lluvias. En Tucumán, en los pueblos de Lamadrid y Graneros, unas 7.000 personas tuvieron que dejar sus casas. En la provincia de Buenos Aires, la cuenca del Salado sigue siendo una de las zonas bajas más vulnerables, al punto que finalmente se ha propuesto un sistema de alerta automático de inundaciones y sequías en la cuenca sur del río, en forma conjunta entre Nación, Provincia y el sector privado.

Estas inundaciones se producen cíclicamente, ya sea por crecientes de los cursos fluviales como por precipitaciones pluviales desmedidas, como las que genera la denominada corriente de “El Niño”. La región más perjudicada es habitualmente la del NEA; pero por otra parte los habitantes de cualquier área con riesgo de inundación suelen ser los más vulnerables por sus bajos niveles de ingreso, que condicionan su localización en las zonas más desfavorecidas.

Este universo de problemas no puede dejarse librado al azar, cuando existe la oportunidad de atemperar efectos negativos y promover cambios posibles que permitan reconciliar a los habitantes con la naturaleza. No se trata de una posición teórica sino de medidas prácticas que pueden comenzar a aplicarse en forma inmediata.

Se trata de establecer criterios orientadores para la acción municipal, ya que son las autoridades locales las responsables de regular los usos y la ocupación del suelo de sus pueblos y ciudades, adoptando un enfoque de desarrollo sustentable.

Una metodología o plan de trabajo viable sería la siguiente: 1) Comenzar por un reconocimiento profundo de la situación actual, analizando la extensión abarcada, sus características físicas, la población localizada y sus características sociales y ocupacionales; las actividades económicas afectadas; las tendencias históricas de los fenómenos climáticos.

2) Realizar un diagnóstico expeditivo y una evaluación que delimite las áreas de riesgo por niveles de criticidad por zonas, las que luego darán lugar a diferentes medidas de prevención y recuperación.

3) Formular hipótesis de cambio: conviene diferenciar las acciones de corto plazo imprescindibles como respuesta inmediata a la emergencia (alerta y evacuación), de las gestiones a mediano y largo plazo tendientes a disminuir el impacto negativo de las inundaciones.

Este enfoque considera acciones de casi congelamiento de las zonas afectadas (limitando su crecimiento); el ordenamiento físico y su normativa para las zonas de bajo riesgo; y gestiones que hacen a la relocalización de la población afectada.

4) Diseñar propuestas que se apoyen en conceptos de razonabilidad, seguridad y eficiencia en la utilización de los recursos disponibles.

Pueden considerarse dos criterios complementarios:
a) Programas de rehabilitación donde se detecten condiciones reales para la recuperación de la zona (viviendas y equipamientos existentes; mantenimiento de la accesibilidad; completamiento de las redes de servicios y evacuación de las aguas, etcétera) para no reiterar inversiones en rehabilitar viviendas que periódicamente sufrirán la misma devastación, sumergiendo a sus habitantes en un proceso recurrente de pauperización.

b) Programas de reubicación de la población para las zonas de alto riesgo, a partir de gestiones por etapas sucesivas, que dependerán de la disponibilidad de tierras aptas y de la provisión de infraestructura.

5) Incluir un mecanismo de participación comunitaria que facilite la integración social de la población afectada al área urbana consolidada, a partir de que se involucre en todo el proceso de renovación y mejoramiento urbano, ya que éste producirá un mejoramiento general de toda la ciudad en su conjunto.

Como toda propuesta, ésta es parcial, subjetiva y por lo tanto perfectible, pero tiene como finalidad principal tratar de mejorar la calidad de vida de aquella parte de la población que por diferentes motivos se encuentra en estas condiciones de vulnerabilidad ambiental. Vale reiterar que el objetivo de todo planificador urbano no es la ciudad per se sino su población, es decir, su gente.

* Arquitecta y planificadora urbana regional - Este tema ha sido tratado en profundidad en el informe “Estrategias socio-habitacionales en áreas de riesgo” de la Dirección Nacional de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, de la misma autora. Fue publicado en noviembre de 2003.


Fuente: arq.clarin.com